lunes, 18 de abril de 2011

Diputaciones Provinciales, asiganatura pendiente (Pablo García Cubero)

'Diputaciones Provinciales. asignatura pendiente'

Escrito el Viernes, 02 febrero a las 00:00:00                                                                        
                                                                                                                                                                                  
  Después de treinta años de vida democrática en España y más de veintitrés años de vigencia de nuestro Estatuto de Autonomía...
...Inmerso hoy en una reforma pactada y consensuada por los partidos mayoritarios de las Cortes de Castilla y León, dependientes directamente de las órdenes de sus respectivas direcciones nacionales en Madrid, conviene recordar, hoy, algunas connotaciones importantes para los ciudadanos de Castilla y León, en relación con nuestra asignatura pendiente: LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. Su objeto. Su misión. Su contenido. Su desarrollo. Su representación. Su actuación. Su eficacia.

En el preámbulo de la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, podemos leer:...”De acuerdo con su TRADICIÓN HISTÓRICA, los Municipios y las Diputaciones Provinciales ven expresamente declarada la Autonomía que la Constitución les reconoce, al tiempo que el Estatuto establece los mecanismos adecuados que, a través de la PARTICIPACIÓN de AQUELLAS, permitan la más amplia DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL en el ámbito de la Comunidad”.

Ante el propio devenir de las Instituciones Provinciales durante este período de tiempo, y la trayectoria de sus propias actuaciones, relegadas, en la mayoría de los casos, a asuntos puramente testimoniales, - cultura, turismo, deporte, gestión cinegética, ayudas al desarrollo, etc.- salta la alarma social entre los ciudadanos castellanoleoneses, que ven como las primeras Instituciones Provinciales quedan peligrosamente relegadas a meros Órganos de gestión delegada de la Junta de Castilla y León y, lo que es más preocupante, de aquellas funciones que a las propias Consejerías no les interesa ejecutar.

Todo ello, a pesar de alguna esporádica aparición pública en su defensa de algún Presidente de Diputación responsable de alguna de ellas, y algún Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pero, en cualquier caso, sin entrar en detalles de su posible reorganización y adaptación al nuevo Estado de las Autonomías, en función de su responsabilidad en el desarrollo provincial que deben asumir. Y, a pesar de las buenas intenciones del “Proyecto” de Ley de las DOT –Directrices de Ordenación del Territorio–, desarrollo sostenido, etc., que contribuirá (naturalmente en el futuro, no ahora) a “vertebrar el territorio y fijar la población??”, según la vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz. –Diario de Valladolid, 8-12-2006.

O también en contra, en función de la duplicidad de funciones y competencias, aumento de costes y endeudamiento.

La Institución Provincial por excelencia tiende a desaparecer, acaparando sus funciones las Consejerías de Presidencia, Administración Territorial y Fomento, entre otras. Sobre todo las más importantes en el orden económico, consagrando así el Centralismo y la Concentración de Poder, en contra del mandato constitucional, que expresa claramente el Artº 103.1 de nuestra Carta Magna, y el referido preámbulo de nuestro Estatuto vigente.

La atención directa de las Diputaciones Provinciales a sus respectivos Municipios y Comarcas no puede llevarse a cabo con la misma eficacia desde la Junta de Castilla y León.

Situaciones hoy cuestionadas, como el Condado de Treviño, Miranda de Ebro o los pueblos del norte de León, son producto de la falta de atención suficiente y de desarrollo provincial, impuesta por el centralismo de la Junta de Castilla y León.

La falta de voluntad política de los partidos mayoritarios PP. PSOE e IU, responsables del vacío de contenido institucional de las Diputaciones Provinciales, unido a la potenciación de los Delegados Territoriales, convertidos en anacrónicos Corregidores Reales, ponen en claro peligro la pervivencia de éstas.

La composición actual de las propias Diputaciones, manejadas por Diputados Provinciales con abusiva mayoría “Urbana”, y elegidos directamente “A DEDO” en función de su fidelidad y servicio al partido, sin posibilidad de elección directa por los conciudadanos de sus propias Comarcas, consagran así la antidemocrática politización de estas Instituciones Provinciales, convirtiéndolas en meros cotos privados del partido gobernante, impidiendo que “sirvan con objetividad los intereses generales”, tal y como manda el citado Artº. 103.1 de nuestra Constitución.

La transitoria actuación política de los Diputados Provinciales así elegidos, ha suplantado la eficacia de los funcionarios de carrera y personal cualificado, trastocando peligrosamente las responsabilidades fundamentales, y despilfarrando el sólido patrimonio institucional, de todos, heredado por las Diputaciones.

Tanto la Reforma del Estatuto de Autonomía, como la Ley de Régimen Local, materializados por los partidos políticos PP, PSOE, e IU, tienden a minimizar aun más las funciones de las Diputaciones, relegándolas a Instituciones testimoniales residuales, faltas de contenido y razón de ser, y a centralizar las funciones en la Junta de Castilla y León. Lo cual representa un claro perjuicio de nuestro desarrollo provincial cada vez más abandonado, más despoblado, más carente de infraestructuras básicas, más dependiente y colonizado por ajenos, más falto de puestos de trabajo para asentar la población en su entorno familiar, social y regional, evitando la obligada emigración de nuestros hijos.

En definitiva, se potencia, a través de nuestras Instituciones actuales, drásticamente dependientes de los partidos políticos mayoritarios, el subdesarrollo, la pobreza y la emigración. Hoy nuestra Región tiene la misma población que en el siglo XVI. En España creció 5 veces más, y el peso de nuestra Comunidad se redujo del 26 al 6%.

Sólo una reacción de los ciudadanos de esta Región en defensa de sus propios intereses, apoyando a aquellos partidos que, de verdad, intentan defender los intereses de los castellanoleoneses, por encima de la sumisión sucursalista a las directrices de los partidos centralistas que gobiernan nuestra Comunidad desde Madrid, sólo una reacción así, podría evitar la catástrofe a la que nuestra Castilla y León está abocada, desde el punto de vista de Gobierno real e independiente, que hoy nos usurpan los partidos mayoritarios en nuestras Instituciones. Mayo nos brinda la oportunidad. Aprovechémosla responsablemente.

--- Pablo García Cubero
                             

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